5 instituciones alertan que contratos sobre Litio son de 𝙖𝙡𝙩𝙤 𝙧𝙞𝙚𝙨𝙜𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙙𝙤, con baja rentabilidad y pocos ingresos para el país, y favorables para las empresas de China y Rusia.
Piden a la Asamblea Legislativa precautelar intereses nacionales.
MANIFIESTO A LA OPINIÓN PÚBLICA BOLIVIANA
Las instituciones abajo firmantes, preocupadas por las características, condiciones e implicaciones técnicas, económicas, financieras y socioambientales de los contratos suscritos por YLB con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, cumplimos con el deber patriótico de hacer públicas nuestras principales observaciones y objeciones a dichos contratos:
1. Los contratos y sus anexos presentados a la ALP son incompletos, confusos e incongruentes. Su presentación dificulta una comprensión adecuada y su aprobación "en combo" genera incertidumbre sobre su transparencia.
2. A pesar de que las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de EDL que pretenden implementar, se les asigna la zona más rica en concentración de litio del Salar de Uyuni, lo que podría condicionar o limitar la futura participación de otras empresas con mayor experiencia en los procesos de extracción del litio.
3. Contrariando el objetivo de lograr acuerdos con socios estratégicos que aporten las inversiones de riesgo para el desarrollo productivo del litio y otros recursos evaporíticos, los referidos contratos implican que los riesgos financieros irán por cuenta del Estado, puesto que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.
4. Existe una incongruencia en los costos de inversión, ya que la planta de Uranium presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2.4 veces más alta que la del contrato con CBC, sin que se ofrezca una explicación clara.
5. Las proyecciones financieras de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) parecen estar sobredimensionadas, con expectativas de precios del carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales (por debajo de 10.000 dólares por tonelada) ni a las previsiones razonables a futuro. Esto genera serias dudas sobre la rentabilidad del proyecto para el Estado Boliviano.
6. Los costos finales de producción del litio son elevados y poco claros. El indicador de "costo de producción vs. precio de venta" es excesivamente alto en comparación con estándares internacionales y regionales.
7. Las cláusulas técnicas y financieras de los contratos favorecen a las empresas Uranium y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias, incluso a costa de la rentabilidad que le correspondería a YLB.
8. Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar.
9. Los contratos y sus anexos no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, a pesar de que las afectaciones a fuentes de agua dulce tendrán lugar dentro de la TCO Nor Lípez.
10. El contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB, en caso de no poder cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual.
11. Las condiciones de transferencia de tecnología difieren en ambos contratos, pero en ambos casos resultan desfavorables para el país.
12. Los contratos no mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como potasio, boro, magnesio, sodio y otros, los cuales tienen un valor considerable en el mercado.
13. Los contratos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.
En conclusión, una vez más, constatamos que la improvisación y falta de experiencia de parte YLB en la negociación de los contratos de recursos naturales y la camisa de fuerza de las normas podrían llevarnos a una nueva frustración, por la duración de los contratos (más de 30 años), similar a lo sucedido con otros proyectos fallidos en los últimos 19 años.
Por todo lo expuesto, consideramos que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar un análisis exhaustivo de cada cláusula de los contratos y, con la gran responsabilidad que le corresponde, no debe aprobar los contratos hasta que todas las observaciones y cuestionamientos sean resueltos, precautelando de esta manera los intereses nacionales. La Paz, febrero 2025
