Exactamente hace una semana, el Estado boliviano acordó pagar $us 42,6 millones al consorcio minero de ulexita Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, tras ser derrotado en un proceso en Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Acogidos por el Ministerio de Minería, ese día el procurador general, Pablo Menacho, y el representante del consorcio minero y asesor de La Moneda en el litigio marítimo con Bolivia, Andrés Jana, estrecharon sus manos en presencia del ministro César Navarro para celebrar que, pese a la derrota nacional, se consiguió reducir el monto de $us 48,6 millones que debía pagar el país, según un laudo arbitral de 2015. Todo fruto de un proceso que se gestó con la revocatoria de las concesiones mineras de los privados mediante decretos del Gobierno de Carlos de Mesa, del 23 de junio de 2004.
Pero Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk no siempre pidió tanto dinero a Bolivia. De hecho, en 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales y designó a Héctor Arce como titular, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009. O sea, 13 veces menos de lo que, una década después, se acordó pagar con recursos públicos.
Aquel proyecto de acuerdo quedó suspendido por el hallazgo que hizo el Gobierno de unas deudas impositivas del consorcio (Bs 9,1 millones, para julio de 2008) con el Estado. Así lo revela el informe MSC/DLRE/DGDAJ/I-054/2008, elaborado por los abogados Leny Érika Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano Segales, en fecha 31 de diciembre de 2008, para el despacho de Óscar Cámara Amaya, entonces viceministro de Defensa Legal, dependiente del ministro Arce.
Es más, el procurador general actual admite dicha negociación y justifica los términos en los que quedó (ver la entrevista de la página A-4). Menacho, que hoy ocupa la cartera con la que Evo Morales reemplazó al viejo Ministerio de la Defensa Legal, insiste en que el verdadero responsable de que el país deba pagarle millones al consorcio minero es el expresidente Carlos de Mesa, debido a que su mandato vulneró normas y abrió paso a la sanción para el país con los decretos 27589, que revoca las concesiones de dicha firma en el salar de Uyuni, y 27590, con el que prohíbe la exportación de ulexita sin tratamiento o con tratamiento parcial, luego de acusarla de no reportar los volúmenes reales que exportó y de evadir impuestos.
La palabra del Gobierno
“El Estado boliviano es condenado ante el Ciadi porque el Gobierno del señor Mesa no cumplió con lo que establecía la Ley 2564”, remarcó el procurador a primera hora de la mañana, en una rueda de prensa que organizó tras llegar de Colombia sabiéndose aludido por el expresidente, quien insinuó que los funcionarios del Gobierno boliviano hicieron una pésima defensa en el arbitraje y criticó que se hubiese acordado el pago de $us 42,6 millones con un abogado que, además de representar a Quiborax, es asesor de Chile en La Haya.
Álvaro García Linera, ahora como presidente en ejercicio, también quiso referirse al caso Quiborax y al doble rol del abogado chileno que asesora a La Moneda en La Haya y que representa a la concesionaria minera del arbitraje. “Carlos Mesa saca esta información (la del doble rol del abogado chileno) como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente: qué bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del salar de Uyuni, ¡qué bien! Es lo mínimo que se podía esperar. ¡Qué mal que se lo haya hecho de mala manera”, indicó él.
Eso sí, cuando se le consultó por una explicación respecto a cómo el Gobierno permitió que pasáramos de un preacuerdo que decía que Bolivia solo debía pagar $us 3.000.000 a un fallo adverso y a una negociación en la que aceptamos pagar $us 42,6 millones, García Linera simplemente no respondió. Tampoco respondió el hoy ministro de Justicia, Héctor Arce.
Un día antes, el expresidente había sugerido un crítica al pago acordado. “Llegamos al caso increíble de que el procurador general del Estado (Pablo Menacho) está dándole la mano y firmando una entrega de $us 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile en la demanda que Bolivia tiene contra Chile”, dijo el martes De Mesa, tras presentar un memorial a la Fiscalía General, mediante el que acusó a Quiborax de falsificar un acta para demandar a Bolivia.
Hace poco, el procurador llevó a la Fiscalía General una proposición acusatoria contra el expresidente para que se le active un juicio de responsabilidades por daño económico a raíz de esta causa que data de su mandato.
Ya para ayer, De Mesa prefirió ahorrarse los comentarios. Quien sí salió a responder a Menacho y a García Linera fue Carlos Alarcón, su abogado (ver la entrevista de la página A-4). Para él, el preacuerdo entre el Estado boliviano y Quiborax que se cita en el informe al que accedió EL DEBER es una prueba concreta de que el Gobierno aceptó el peor escenario para el país y que, por tanto, quienes en realidad han dañado la economía del Estado son los funcionarios que estuvieron a cargo del arbitraje y de las negociaciones.
De acercamientos amistosos
El informe del Ministerio de Defensa Legal antes citado contiene un relato pormenorizado del arbitraje, las negociaciones, los defectos legales que presenta la revocatoria de concesiones mineras que ordenó Carlos de Mesa en su mandato y de los presuntos delitos que cometió Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, entre el 23 de junio de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.
Dice, por ejemplo, que el 22 de julio de 2004, un mes después de la revocatoria de concesiones mineras ordenada por Carlos de Mesa, la empresa Non Metallics Mineral avisó al Gobierno boliviano que contaba con capital extranjero chileno y que, por esa razón, se acogería al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones firmado entre Bolivia y Chile en septiembre de 1994, durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, político y connotado empresario minero.
En ese entendido, solicitó el inicio del periodo de “consultas amistosas” entre las concesionarias mineras de ulexita que se sentían afectadas y el Estado, mismo que expiró el 22 de enero de 2005.
Como las consultas amistosas entre las partes no dieron pie a negociaciones con resultados, los privados presentaron al Ciadi su solicitud de arbitraje contra Bolivia el 4 de octubre de 2005, según cita el informe del Gobierno. Es decir, durante el periodo transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé.
En mayo de 2006, ya durante el primer mandato de Morales, el entonces canciller David Choquehuanca y los demandantes, representados por Jana, sostuvieron una segunda ronda de reuniones que causaron la suspensión parcial de acciones en el Ciadi. Pero los esfuerzos “por extinguir de forma amigable” la causa fracasaron.
La tercera aproximación amistosa se produjo, siempre según el informe del Gobierno, en 2008, cuando Quiborax accede a retirar el arbitraje a cambio de que Bolivia pague el ya citado monto de $us 3.000.000. Como se dijo antes, esta iniciativa tampoco dio frutos.
Un cuarto periodo se da con la creación del Ministerio de Defensa Legal, a cargo de Arce, desde la segunda mitad de 2008. Tampoco se consiguió conciliar y vino el arbitraje. De hecho, una carta del 26 de febrero de 2009, firmada por Arce y dirigida a la Ciadi, muestra cómo se aceptó proseguir con el arbitraje al aceptar el cronograma propuesto para el proceso.
