Después de nueve años de conflicto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que Bolivia debe pagar 50 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, a la que en 2004 le revirtieron las concesiones para la explotación de recursos evaporíticos en el salar de Uyuni.
Quiborax pedía 146 millones de dólares.
El Ciadi, que depende del Banco Mundial, investigó los problemas entre el Estado boliviano y la empresa Química e Industrial de Bórax (Quiborax) y le dio la razón al chileno Allan Fosk, dueño de la empresa, al ordenar el pago de la indemnización por haber caducado una concesión minera en el salar de Uyuni, reportó el jueves la revista chilena “Qué pasa”, en su edición electrónica.
Este medio intentó infructuosamente conocer la postura de la Procuraduría General del Estado, a cargo de las demandas arbitrales por nacionalización.
Quiborax es una firma que además de concesiones en Arica cuenta con yacimientos en el salar de Uyuni, a través de Non Metalic Minerals, que es una empresa boliviana de la cual Fosk es dueño en un 51 por ciento, según la revista chilena. Esta sociedad tiene desde el 2001 depósitos de bórax, un elemento estratégico en el área agropecuaria, industrial y del rubro de los fertilizantes.
Lo que ocurrió en 2004 fue que Bolivia, bajo la administración de Carlos Mesa, le revocó a Quiborax la concesión minera en Uyuni, provocando una severa crisis en el negocio. Si bien las partes intentaron llegar a un acuerdo, las tratativas fracasaron, y por ello la firma nacional demandó en 2006 al Estado boliviano por 66 millones de dólares para “compensar” sus inversiones y los perjuicios sufridos por la pérdida de la autorización.
En este periodo Bolivia objetó que el Ciadi tenga jurisdicción para investigar el conflicto, pero ese argumento fue desechado.
También cuestionó las escrituras de concesión de Non Metalic Minerals, lo que terminó con un juicio penal del Estado boliviano en contra de los socios de las empresas que pidieron la demanda arbitral: Fosk, y su socio boliviano, David Moscoso Ruiz. Si bien el juicio sigue abierto, fue el propio tribunal del Ciadi el que conminó al país a terminar con la investigación judicial.
Paralelamente, las partes presentaron sus pruebas y se mantuvieron alertas hasta escuchar la resolución conocida el jueves.
El periodo que el tribunal demoró en entregar su veredicto hizo que la cifra demandada por Quiborax sea mucho mayor.
Según la Procuraduría, el monto era de 146 millones en 2014; pero la revista chilena señala que a la fecha demandaban 160 millones de dólares.
Al final, el Ciadi fijó la indemnización en 50 millones de dólares. “Algo no menor, considerando que son contadas con una mano las veces que una firma chilena ha vencido en el Ciadi”, señala la revista.
Antecedentes
La reversión de las concesiones a Quiborax se hizo bajo el argumento de incumplimiento de normas ambientales e irregularidades en la entrega de las áreas.
En agosto de 2014, el procurador Héctor Arce dijo que hubo “mal manejo económico” y “estafa”. Afirmó que la Procuraduría acudiría a todas las instancias para hacer prevalecer los derechos del Estado
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