Tuesday, June 12, 2018

Laudo de Quiborax se gestó con un acta falsificada, denuncia Mesa

El laudo arbitral que Bolivia perdió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI), por las concesiones revertidas a la empresa Quiborax en el Salar de Uyuni, se gestó a partir de un acta de constitución falsificada por David Moscoso, uno de los socios de esta empresa chilena, denunció hoy el expresidente Carlos Mesa.

La exautoridad y actual vocero de la demanda marítima explicó que Moscoso falsificó un acta de constitución del 11 de septiembre de 2001 por otra acta del 13 de septiembre de 2001, el cual, a la postre, fue usado para iniciar el laudo arbitral contra Bolivia ante el CIADI. Tal fraude, dijo Mesa, le valió a Moscoso un proceso penal por el cual fue condenado a dos años de cárcel, pero se sometió al perdón judicial.



“En realidad el motivo del juicio del laudo no es el decreto de Carlos Mesa, sino la falsificación de un acta de constitución de Quiborax que permite iniciar ese juicio, porque el mismo día que se produce el fallo contra David Moscoso, David Moscoso presenta el laudo arbitral contra Bolivia en este caso”, denunció Mesa.

En su blog personal, Mesa especificó que la sustitución de esa acta le permitió a Moscoso revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por Quiborax “con el fin de hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano”.

Expresó, además, su sorpresa porque el CIADI haya reconocido el laudo de Quiborax, pese a que éste se fundamentó en un documento falsificado. Además, observó que la defensa del Estado boliviano dejó pasar esta situación cuan si fuera “una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del arbitraje”.

Esta situación fue presentada por Mesa, a través de un memorial, ante la Fiscalía General del Estado con la finalidad de complementar un primer escrito a partir del cual busca que se rechace la proposición acusatoria que la Procuraduría presentó en su contra por la derrota en el laudo arbitral, que le significó al Estado el pago de 42,6 millones de dólares a favor de las demandantes Non Metallic Minerals-Quiborax.

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