Thursday, June 28, 2018
Wednesday, June 27, 2018
Monday, June 25, 2018
ACTUALIDAD Y PROYECCIONES DEL LITIO JUJEÑO EN SEMINARIO INTERNACIONAL
Durante el desarrollo del VII Seminario Internacional “Litio en la Región de Sudamérica”, evento internacional que se realizó en la provincia de Salta, la empresa Sales de Jujuy SA del Grupo Orocobre, expuso la actualidad de la producción de carbonato de litio, proyección de la firma para aumentar volúmenes de producción y el estado actual de su relación con las comunidades que convive en la puna jujeña.
Durante su disertación el Ing. Francisco Torres, Gerente General de Sales de Jujuy, marcó la ubicación estratégica de la planta que opera con acceso a los principales servicios energéticos que utiliza, conectividad terrestre y salida de sus exportaciones hacia los puertos chilenos y el mercado asiático.
“Con gasoducto propio de 40 km, conectado a la transportadora de Atacama, la empresa produce con su principal fuente de energía, para darle valor agregado a la salmuera que se obtiene del salar; también aprovechamos la energía solar para el proceso convencional de evaporación de la materia prima. Todo, bajo estrictas normas del uso equilibrado de los recursos” dijo Francisco Torres.
Destacó el acuerdo societario público-privado que rubricaron los inversores en el año 2012 y la primera venta de carbonato de litio concretada en abril del año 2015. Seguidamente, brindó detalles de la segunda fase que puso en marcha la empresa para la expansión, la pronta decisión del directorio para otras inversiones calculadas, licitación de nuevas perforaciones y construcción de nuevas piletas, que ya iniciaron. En referencia a la nueva planta de carbonato de litio con la que contará la empresa, marcó una aproximación estimada en 2 meses para el inicio de su construcción, obra que finalizaría en un año; a su vez dijo que comenzaría a operar a fines del año 2019.
Con dicha expansión, Sales de Jujuy aumentará a su producción 25 mil toneladas de carbonato de litio. Sumadas a las 17.500 toneladas que produce actualmente, alcanzará un total de producción de 42.500 toneladas de litio, cuando se tengan en plena capacidad las 2 plantas.
Resaltó que actualmente el 43% del personal de Sales de Jujuy pertenece a las 10 comunidades de influencia, trabajan en forma directa y crecieron a la par de la empresa; “se especializaron en diferentes áeras, analistas en tecnología informática, enfermeras, supervisores de piletas, en planta, tareas en laboratorios, asistentes en relaciones con las comunidades y comunicación, entre otras” expresó el gerente.
En dicha disertación también hizo hincapié en el desarrollo de proveedores de empresas y servicios creados por las comunidades, que con el paso del tiempo, lograron más rentabilidad.
Por su parte, Silvia Rodríguez, Gerente de Valor Compartido, remarcó el fortalecimiento del programa y la sostenibilidad del mismo ligado a las operaciones de la empresa y el crecimiento en cada una de las comunidades. Con esto se logró un alto respeto y fuertes valores en temas como seguridad, salud, trabajo, medio ambiente, transparencia y educación para alcanzar hoy, un desarrollo social y económico.
“Consideramos que la fuerza de trabajo se nutre día a día a través del empoderamiento, uno de los pilares de Valor Compartido con lo que se obtuvo relaciones de persistencia en el tiempo, con la finalidad de cumplir los objetivos planteados y a largo plazo” dijo Silvia Rodríguez.
Gracias al procedimiento denominado “Participación de la Comunidad”, la empresa otorga respuestas a consultas o planteos que son mutuos, con las 10 comunidades. “Las relaciones también se extienden a través de asambleas mensuales y reuniones con los líderes de las comunidades, con los municipios, Susques, Catua y Coranzuli, con la realización de monitoreos participativos con veedores de las comunidades.
“Concretamos alianzas con organismos del gobierno e instituciones. Esto generó la creación de un fuerte lazo de confianza y transparencia con respeto a nuestras operaciones”. Anunció que la empresa está participando en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y realizan pasos proactivos para apoyar logros de los objetivos del desarrollo sustentable; no solo a través del Programa de Valor Compartido, sino también con nuestros productos y las operaciones responsables." finalizó la gerente.
Durante su disertación el Ing. Francisco Torres, Gerente General de Sales de Jujuy, marcó la ubicación estratégica de la planta que opera con acceso a los principales servicios energéticos que utiliza, conectividad terrestre y salida de sus exportaciones hacia los puertos chilenos y el mercado asiático.
“Con gasoducto propio de 40 km, conectado a la transportadora de Atacama, la empresa produce con su principal fuente de energía, para darle valor agregado a la salmuera que se obtiene del salar; también aprovechamos la energía solar para el proceso convencional de evaporación de la materia prima. Todo, bajo estrictas normas del uso equilibrado de los recursos” dijo Francisco Torres.
Destacó el acuerdo societario público-privado que rubricaron los inversores en el año 2012 y la primera venta de carbonato de litio concretada en abril del año 2015. Seguidamente, brindó detalles de la segunda fase que puso en marcha la empresa para la expansión, la pronta decisión del directorio para otras inversiones calculadas, licitación de nuevas perforaciones y construcción de nuevas piletas, que ya iniciaron. En referencia a la nueva planta de carbonato de litio con la que contará la empresa, marcó una aproximación estimada en 2 meses para el inicio de su construcción, obra que finalizaría en un año; a su vez dijo que comenzaría a operar a fines del año 2019.
Con dicha expansión, Sales de Jujuy aumentará a su producción 25 mil toneladas de carbonato de litio. Sumadas a las 17.500 toneladas que produce actualmente, alcanzará un total de producción de 42.500 toneladas de litio, cuando se tengan en plena capacidad las 2 plantas.
Resaltó que actualmente el 43% del personal de Sales de Jujuy pertenece a las 10 comunidades de influencia, trabajan en forma directa y crecieron a la par de la empresa; “se especializaron en diferentes áeras, analistas en tecnología informática, enfermeras, supervisores de piletas, en planta, tareas en laboratorios, asistentes en relaciones con las comunidades y comunicación, entre otras” expresó el gerente.
En dicha disertación también hizo hincapié en el desarrollo de proveedores de empresas y servicios creados por las comunidades, que con el paso del tiempo, lograron más rentabilidad.
Por su parte, Silvia Rodríguez, Gerente de Valor Compartido, remarcó el fortalecimiento del programa y la sostenibilidad del mismo ligado a las operaciones de la empresa y el crecimiento en cada una de las comunidades. Con esto se logró un alto respeto y fuertes valores en temas como seguridad, salud, trabajo, medio ambiente, transparencia y educación para alcanzar hoy, un desarrollo social y económico.
“Consideramos que la fuerza de trabajo se nutre día a día a través del empoderamiento, uno de los pilares de Valor Compartido con lo que se obtuvo relaciones de persistencia en el tiempo, con la finalidad de cumplir los objetivos planteados y a largo plazo” dijo Silvia Rodríguez.
Gracias al procedimiento denominado “Participación de la Comunidad”, la empresa otorga respuestas a consultas o planteos que son mutuos, con las 10 comunidades. “Las relaciones también se extienden a través de asambleas mensuales y reuniones con los líderes de las comunidades, con los municipios, Susques, Catua y Coranzuli, con la realización de monitoreos participativos con veedores de las comunidades.
“Concretamos alianzas con organismos del gobierno e instituciones. Esto generó la creación de un fuerte lazo de confianza y transparencia con respeto a nuestras operaciones”. Anunció que la empresa está participando en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y realizan pasos proactivos para apoyar logros de los objetivos del desarrollo sustentable; no solo a través del Programa de Valor Compartido, sino también con nuestros productos y las operaciones responsables." finalizó la gerente.
Sunday, June 24, 2018
Wednesday, June 20, 2018
Mesa ratificó responsabilidad de Gobierno en caso Quiborax
El expresidente Carlos Mesa ayer se presentó a comparecer ante la Fiscalía General por el caso Quiborax, donde ratificó que el principal responsable del daño al Estado boliviano es el gobierno del presidente Evo Morales. Pidió que se rechace la proposición acusatoria en su contra y se investiguen a cuatro funcionarios actuales.
“El fiscal tiene en la balanza dos elementos, el que fue presentado por el Procurador General y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del Gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”, dijo la exautoridad tras salir de su declaración a la fiscalía.
La exautoridad se presentó en compañía de su abogado Carlos Alarcón, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, estaba a la cabeza del interrogatorio, Mesa se abstuvo de declarar y se remitió a los tres memoriales que presentó anteriormente en el que hace referencia que las actuales autoridades del Gobierno son los responsables por el laudo arbitral.
Un día antes, Mesa presentó un memorial denunciando a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro; además al procurador Pablo Menacho y la exministra de Defensa Legal Elizabeth Arismendi, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En ese documento, detalló que la defensa legal del Estado boliviano incurrió en cuatro irregularidades, en 2008 existió una oferta en firme de Quiborax para dar fin al laudo internacional a cambio de un pago de tres millones de dólares.
Una segunda observación, el 2009 se descubrió que David Moscoso había fraguado un acta de junta de accionistas y ese documento fue utilizado para iniciar el arbitraje en contra de Bolivia. En tercer lugar menciona una reunión entre la subprocuradora Carmen Llorenti y la defensa legal de la firma chilena, donde se debía acordar el final del juicio.
Por último, Mesa refiere que el acuerdo llegado entre el ministro de Minería, César Navarro, el procurador Pablo Menacho con Andrés Jana, representante legal de Quiborax se dejó de lado el proceso judicial por la falsificación del documento.
Mesa espera que todos estos elementos sean tomados en cuenta por el fiscal general y decida iniciar una investigación en contra de los servidores públicos de Evo Morales y se rechace la acusación en su contra.
ACLAMACIÓN
Tras concluir sus declaraciones en la Fiscalía, Mesa fue acompañado por un grupo de personas que se hicieron presentes afuera de la Fiscalía, quienes con carteles le expresaron su apoyo y lo aclamaron como candidato para las alecciones presidenciales del próximo año.
PROCEDIMIENTO
La Fiscalía tiene un plazo de 30 días para continuar con la investigación y tomar declaraciones a los otros denunciados, los exministros Gustavo Pedraza de Desarrollo Sostenible y Luis Fernández Fajalde de Trabajo.
Ante la solicitud que hizo Mesa de ampliar la investigación contra cuatro autoridades. El abogado constitucionalista, William Bascopé dijo que la Fiscalía debe convocarlos a declarar y deben ser tomados en cuenta en las investigaciones, puesto que el laudo fue en la gestión de Evo Morales y estos estaban a cargo de la defensa legal.
Conforme a la Ley 044 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Estado, la Fiscalía deberá formular un requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados.
En caso de que existan indicios de materia justiciable la fiscalía debe enviar a la Asamblea Legislativa los archivos para que autorice o no un juicio de responsabilidades que debe ser desarrollado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El fiscal tiene en la balanza dos elementos, el que fue presentado por el Procurador General y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del Gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”, dijo la exautoridad tras salir de su declaración a la fiscalía.
La exautoridad se presentó en compañía de su abogado Carlos Alarcón, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, estaba a la cabeza del interrogatorio, Mesa se abstuvo de declarar y se remitió a los tres memoriales que presentó anteriormente en el que hace referencia que las actuales autoridades del Gobierno son los responsables por el laudo arbitral.
Un día antes, Mesa presentó un memorial denunciando a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro; además al procurador Pablo Menacho y la exministra de Defensa Legal Elizabeth Arismendi, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En ese documento, detalló que la defensa legal del Estado boliviano incurrió en cuatro irregularidades, en 2008 existió una oferta en firme de Quiborax para dar fin al laudo internacional a cambio de un pago de tres millones de dólares.
Una segunda observación, el 2009 se descubrió que David Moscoso había fraguado un acta de junta de accionistas y ese documento fue utilizado para iniciar el arbitraje en contra de Bolivia. En tercer lugar menciona una reunión entre la subprocuradora Carmen Llorenti y la defensa legal de la firma chilena, donde se debía acordar el final del juicio.
Por último, Mesa refiere que el acuerdo llegado entre el ministro de Minería, César Navarro, el procurador Pablo Menacho con Andrés Jana, representante legal de Quiborax se dejó de lado el proceso judicial por la falsificación del documento.
Mesa espera que todos estos elementos sean tomados en cuenta por el fiscal general y decida iniciar una investigación en contra de los servidores públicos de Evo Morales y se rechace la acusación en su contra.
ACLAMACIÓN
Tras concluir sus declaraciones en la Fiscalía, Mesa fue acompañado por un grupo de personas que se hicieron presentes afuera de la Fiscalía, quienes con carteles le expresaron su apoyo y lo aclamaron como candidato para las alecciones presidenciales del próximo año.
PROCEDIMIENTO
La Fiscalía tiene un plazo de 30 días para continuar con la investigación y tomar declaraciones a los otros denunciados, los exministros Gustavo Pedraza de Desarrollo Sostenible y Luis Fernández Fajalde de Trabajo.
Ante la solicitud que hizo Mesa de ampliar la investigación contra cuatro autoridades. El abogado constitucionalista, William Bascopé dijo que la Fiscalía debe convocarlos a declarar y deben ser tomados en cuenta en las investigaciones, puesto que el laudo fue en la gestión de Evo Morales y estos estaban a cargo de la defensa legal.
Conforme a la Ley 044 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Estado, la Fiscalía deberá formular un requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados.
En caso de que existan indicios de materia justiciable la fiscalía debe enviar a la Asamblea Legislativa los archivos para que autorice o no un juicio de responsabilidades que debe ser desarrollado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Monday, June 18, 2018
Abogado de expresidente Carlos Mesa “Desastrosa defensa” en arbitraje por Quiborax causó daños al Estado
El daño económico al Estado, producido a causa del caso Quiborax, ha sido consecuencia de una “desastrosa actuación en el arbitraje, responsabilidad del actual Gobierno”, afirmó el abogado Carlos Alarcón, defensa legal del expresidente Carlos Mesa, con relación a las afirmaciones del titular de Economía y Fiananzas, Mario Guillén, quien admitió la suspensión de varios proyectos que debieron ejecutarse con ese dinero.
“Como dice el propio laudo del Tribunal Arbitral, había un acuerdo verbal entre la empresa, Chilena Non Metallic Quiborax y el Gobierno de Bolivia por $us tres millones. En el más sencillo análisis, un niño puede darse cuenta que es mejor pagar tres millones que después terminar pagando $us 42, 6 millones y eso no hizo el actual Gobierno”, remarcó el abogado.
Entretanto, el ministro de las finanzas públicas, Mario Guillén, confirmó la suspensión de varios proyectos, aunque no especificó cuáles, que debieron ser ejecutados con los $us 42.6 millones que la semana pasada desembolsó el Estado en favor de la empresa Chilena Non Metallic Quiborax en cumplimiento del fallo que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
“Los $us 42.6 millones de dólares que se debe pagar a Quiborax vamos a tener que sacar los recursos del Tesoro General del Estado, para eso se debe suspender algunos proyectos para el pago de la deuda a la empresa chilena, porque es un fallo emitido por un organismo internacional al que estábamos adscritos en ese momento”, dijo el titular de esa cartera de Estado.
La autoridad no detalló cuáles serían los proyectos que no se ejecutarán por el pago del resarcimiento a la firma, aunque puntualizó que la transferencia de los 42.6 millones de dólares se efectivizó el jueves de la semana pasada, el no pagarlas hubiese generado consecuencias contra los bines del Estado en el exterior.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Quiborax donde resolvió que el estado boliviano debía pagar $us 48.6 millones, posteriormente se llegó a un acuerdo con los representantes legales de esa empresa donde se acordó reducir el pago a $us 42.6 millones.
PROCESO
De acuerdo con la explicación de Alarcón, luego del fracaso del acuerdo verbal por los $us tres millones, David Moscoso, principal accionista de Quiborax, confesó el delito y culpabilidad sobre la falsificación del acta con el que forzó ilegalmente el cumplimiento de requisitos para entablar la demanda arbitral.
“Es decir, si no hubiera existido ese delito de falsificación nunca debió haberse llevado el arbitraje, y es ahí que la defensa del Estado ha sido completamente pobre”, remarcó Alarcón.
Por su parte, el gobierno de Evo Morales responsabilizó de esta demanda al expresidente Carlos Mesa, en cuyo mandato presidencial emitió el Decreto Supremo Nº 27589 de reversión de la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni porque no estaba enmarcada en el procedimiento correcto.
CITACIÓN DE LA FISCALÍA
El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa, fue convocado por la Fiscalía General del Estado para que declare por el caso Quiborax, la cita fue programada para el próximo martes (19) a las 8.30 horas. El asesor legal de la exautoridad confirmó su asistencia y reiteró que es una estrategia política con el fin de inhabilitarlo políticamente.
La demanda contra Mesa fue presentada por la Procuraduría General del Estado, tras conocer que el Ciadi falló en contra de Bolivia y obligó a un pago de $us 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006.
Por otra parte, Alarcón también revela que el 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009.
MECANISMOS INTERNOS
Al respecto, Guillén dijo que existen mecanismos internos que determinarán si la defensa del Estado en el caso Quiborax fue buena o mala, pero ratificó que Bolivia perdió ese laudo arbitral porque el Gobierno de Carlos de Mesa no cumplió con la normativa al disponer la reversión de las concesiones de esa firma extranjera.
Manifestó que no se trata de si hubo una buena o mala defensa del Estado sino que tuvo que ver con el decreto que el expresidente Carlos de Mesa aprobó para la expulsión de Quiborax en junio de 2004 y reiteró que recursos del Tesoro General de la Nación fueron a compensar a la empresa con capitales chilenos.
EL DIARIO EN DEFENSA DEL SILALA
El Decano de la Prensa Nacional, de forma histórica, se caracteriza por la defensa de los recursos naturales, en especial en la frontera con Chile, motivo por el cual su denuncia es persistente sobre las constantes irregularidades que comete el vecino país contra el nuestro.
En 1996, EL DIARIO denunció el desvío de las aguas de las vertientes del Silala por parte de Chile. Este hecho fue destacado en varias oportunidades por el Gobierno actual y expertos.
Uno de ellos es el autor del libro “El mito del Silala” y experto en el estudio de la hidrografía boliviana, don Antonio Bazoberry Quiroga.
“Con EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, fuimos al terreno de los bofedales del Silala en el año 1996 y comprobamos que no es un río, como pretende hacer ver Chile”, afirmó Bazoberry.
RÍO LAUCA
De la misma manera, la labor patriótica de defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional ha sido una constante en las páginas de EL DIARIO. Durante el conflicto del río Lauca, desde febrero de 1962, la labor periodística iba denunciando los atropellos de Chile e informando las acciones gubernamentales que se fueron desencadenando hasta la ruptura de relaciones diplomáticas en noviembre de ese año.
“Como dice el propio laudo del Tribunal Arbitral, había un acuerdo verbal entre la empresa, Chilena Non Metallic Quiborax y el Gobierno de Bolivia por $us tres millones. En el más sencillo análisis, un niño puede darse cuenta que es mejor pagar tres millones que después terminar pagando $us 42, 6 millones y eso no hizo el actual Gobierno”, remarcó el abogado.
Entretanto, el ministro de las finanzas públicas, Mario Guillén, confirmó la suspensión de varios proyectos, aunque no especificó cuáles, que debieron ser ejecutados con los $us 42.6 millones que la semana pasada desembolsó el Estado en favor de la empresa Chilena Non Metallic Quiborax en cumplimiento del fallo que emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
“Los $us 42.6 millones de dólares que se debe pagar a Quiborax vamos a tener que sacar los recursos del Tesoro General del Estado, para eso se debe suspender algunos proyectos para el pago de la deuda a la empresa chilena, porque es un fallo emitido por un organismo internacional al que estábamos adscritos en ese momento”, dijo el titular de esa cartera de Estado.
La autoridad no detalló cuáles serían los proyectos que no se ejecutarán por el pago del resarcimiento a la firma, aunque puntualizó que la transferencia de los 42.6 millones de dólares se efectivizó el jueves de la semana pasada, el no pagarlas hubiese generado consecuencias contra los bines del Estado en el exterior.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Quiborax donde resolvió que el estado boliviano debía pagar $us 48.6 millones, posteriormente se llegó a un acuerdo con los representantes legales de esa empresa donde se acordó reducir el pago a $us 42.6 millones.
PROCESO
De acuerdo con la explicación de Alarcón, luego del fracaso del acuerdo verbal por los $us tres millones, David Moscoso, principal accionista de Quiborax, confesó el delito y culpabilidad sobre la falsificación del acta con el que forzó ilegalmente el cumplimiento de requisitos para entablar la demanda arbitral.
“Es decir, si no hubiera existido ese delito de falsificación nunca debió haberse llevado el arbitraje, y es ahí que la defensa del Estado ha sido completamente pobre”, remarcó Alarcón.
Por su parte, el gobierno de Evo Morales responsabilizó de esta demanda al expresidente Carlos Mesa, en cuyo mandato presidencial emitió el Decreto Supremo Nº 27589 de reversión de la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni porque no estaba enmarcada en el procedimiento correcto.
CITACIÓN DE LA FISCALÍA
El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa, fue convocado por la Fiscalía General del Estado para que declare por el caso Quiborax, la cita fue programada para el próximo martes (19) a las 8.30 horas. El asesor legal de la exautoridad confirmó su asistencia y reiteró que es una estrategia política con el fin de inhabilitarlo políticamente.
La demanda contra Mesa fue presentada por la Procuraduría General del Estado, tras conocer que el Ciadi falló en contra de Bolivia y obligó a un pago de $us 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006.
Por otra parte, Alarcón también revela que el 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009.
MECANISMOS INTERNOS
Al respecto, Guillén dijo que existen mecanismos internos que determinarán si la defensa del Estado en el caso Quiborax fue buena o mala, pero ratificó que Bolivia perdió ese laudo arbitral porque el Gobierno de Carlos de Mesa no cumplió con la normativa al disponer la reversión de las concesiones de esa firma extranjera.
Manifestó que no se trata de si hubo una buena o mala defensa del Estado sino que tuvo que ver con el decreto que el expresidente Carlos de Mesa aprobó para la expulsión de Quiborax en junio de 2004 y reiteró que recursos del Tesoro General de la Nación fueron a compensar a la empresa con capitales chilenos.
EL DIARIO EN DEFENSA DEL SILALA
El Decano de la Prensa Nacional, de forma histórica, se caracteriza por la defensa de los recursos naturales, en especial en la frontera con Chile, motivo por el cual su denuncia es persistente sobre las constantes irregularidades que comete el vecino país contra el nuestro.
En 1996, EL DIARIO denunció el desvío de las aguas de las vertientes del Silala por parte de Chile. Este hecho fue destacado en varias oportunidades por el Gobierno actual y expertos.
Uno de ellos es el autor del libro “El mito del Silala” y experto en el estudio de la hidrografía boliviana, don Antonio Bazoberry Quiroga.
“Con EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, fuimos al terreno de los bofedales del Silala en el año 1996 y comprobamos que no es un río, como pretende hacer ver Chile”, afirmó Bazoberry.
RÍO LAUCA
De la misma manera, la labor patriótica de defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional ha sido una constante en las páginas de EL DIARIO. Durante el conflicto del río Lauca, desde febrero de 1962, la labor periodística iba denunciando los atropellos de Chile e informando las acciones gubernamentales que se fueron desencadenando hasta la ruptura de relaciones diplomáticas en noviembre de ese año.
Friday, June 15, 2018
Thursday, June 14, 2018
Estado paga $us 42 millones a Quiborax, pese a preacuerdo por $us 3 millones sin arbitraje
Exactamente hace una semana, el Estado boliviano acordó pagar $us 42,6 millones al consorcio minero de ulexita Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, tras ser derrotado en un proceso en Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Acogidos por el Ministerio de Minería, ese día el procurador general, Pablo Menacho, y el representante del consorcio minero y asesor de La Moneda en el litigio marítimo con Bolivia, Andrés Jana, estrecharon sus manos en presencia del ministro César Navarro para celebrar que, pese a la derrota nacional, se consiguió reducir el monto de $us 48,6 millones que debía pagar el país, según un laudo arbitral de 2015. Todo fruto de un proceso que se gestó con la revocatoria de las concesiones mineras de los privados mediante decretos del Gobierno de Carlos de Mesa, del 23 de junio de 2004.
Pero Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk no siempre pidió tanto dinero a Bolivia. De hecho, en 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales y designó a Héctor Arce como titular, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009. O sea, 13 veces menos de lo que, una década después, se acordó pagar con recursos públicos.
Aquel proyecto de acuerdo quedó suspendido por el hallazgo que hizo el Gobierno de unas deudas impositivas del consorcio (Bs 9,1 millones, para julio de 2008) con el Estado. Así lo revela el informe MSC/DLRE/DGDAJ/I-054/2008, elaborado por los abogados Leny Érika Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano Segales, en fecha 31 de diciembre de 2008, para el despacho de Óscar Cámara Amaya, entonces viceministro de Defensa Legal, dependiente del ministro Arce.
Es más, el procurador general actual admite dicha negociación y justifica los términos en los que quedó (ver la entrevista de la página A-4). Menacho, que hoy ocupa la cartera con la que Evo Morales reemplazó al viejo Ministerio de la Defensa Legal, insiste en que el verdadero responsable de que el país deba pagarle millones al consorcio minero es el expresidente Carlos de Mesa, debido a que su mandato vulneró normas y abrió paso a la sanción para el país con los decretos 27589, que revoca las concesiones de dicha firma en el salar de Uyuni, y 27590, con el que prohíbe la exportación de ulexita sin tratamiento o con tratamiento parcial, luego de acusarla de no reportar los volúmenes reales que exportó y de evadir impuestos.
La palabra del Gobierno
“El Estado boliviano es condenado ante el Ciadi porque el Gobierno del señor Mesa no cumplió con lo que establecía la Ley 2564”, remarcó el procurador a primera hora de la mañana, en una rueda de prensa que organizó tras llegar de Colombia sabiéndose aludido por el expresidente, quien insinuó que los funcionarios del Gobierno boliviano hicieron una pésima defensa en el arbitraje y criticó que se hubiese acordado el pago de $us 42,6 millones con un abogado que, además de representar a Quiborax, es asesor de Chile en La Haya.
Álvaro García Linera, ahora como presidente en ejercicio, también quiso referirse al caso Quiborax y al doble rol del abogado chileno que asesora a La Moneda en La Haya y que representa a la concesionaria minera del arbitraje. “Carlos Mesa saca esta información (la del doble rol del abogado chileno) como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente: qué bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del salar de Uyuni, ¡qué bien! Es lo mínimo que se podía esperar. ¡Qué mal que se lo haya hecho de mala manera”, indicó él.
Eso sí, cuando se le consultó por una explicación respecto a cómo el Gobierno permitió que pasáramos de un preacuerdo que decía que Bolivia solo debía pagar $us 3.000.000 a un fallo adverso y a una negociación en la que aceptamos pagar $us 42,6 millones, García Linera simplemente no respondió. Tampoco respondió el hoy ministro de Justicia, Héctor Arce.
Un día antes, el expresidente había sugerido un crítica al pago acordado. “Llegamos al caso increíble de que el procurador general del Estado (Pablo Menacho) está dándole la mano y firmando una entrega de $us 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile en la demanda que Bolivia tiene contra Chile”, dijo el martes De Mesa, tras presentar un memorial a la Fiscalía General, mediante el que acusó a Quiborax de falsificar un acta para demandar a Bolivia.
Hace poco, el procurador llevó a la Fiscalía General una proposición acusatoria contra el expresidente para que se le active un juicio de responsabilidades por daño económico a raíz de esta causa que data de su mandato.
Ya para ayer, De Mesa prefirió ahorrarse los comentarios. Quien sí salió a responder a Menacho y a García Linera fue Carlos Alarcón, su abogado (ver la entrevista de la página A-4). Para él, el preacuerdo entre el Estado boliviano y Quiborax que se cita en el informe al que accedió EL DEBER es una prueba concreta de que el Gobierno aceptó el peor escenario para el país y que, por tanto, quienes en realidad han dañado la economía del Estado son los funcionarios que estuvieron a cargo del arbitraje y de las negociaciones.
De acercamientos amistosos
El informe del Ministerio de Defensa Legal antes citado contiene un relato pormenorizado del arbitraje, las negociaciones, los defectos legales que presenta la revocatoria de concesiones mineras que ordenó Carlos de Mesa en su mandato y de los presuntos delitos que cometió Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, entre el 23 de junio de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.
Dice, por ejemplo, que el 22 de julio de 2004, un mes después de la revocatoria de concesiones mineras ordenada por Carlos de Mesa, la empresa Non Metallics Mineral avisó al Gobierno boliviano que contaba con capital extranjero chileno y que, por esa razón, se acogería al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones firmado entre Bolivia y Chile en septiembre de 1994, durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, político y connotado empresario minero.
En ese entendido, solicitó el inicio del periodo de “consultas amistosas” entre las concesionarias mineras de ulexita que se sentían afectadas y el Estado, mismo que expiró el 22 de enero de 2005.
Como las consultas amistosas entre las partes no dieron pie a negociaciones con resultados, los privados presentaron al Ciadi su solicitud de arbitraje contra Bolivia el 4 de octubre de 2005, según cita el informe del Gobierno. Es decir, durante el periodo transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé.
En mayo de 2006, ya durante el primer mandato de Morales, el entonces canciller David Choquehuanca y los demandantes, representados por Jana, sostuvieron una segunda ronda de reuniones que causaron la suspensión parcial de acciones en el Ciadi. Pero los esfuerzos “por extinguir de forma amigable” la causa fracasaron.
La tercera aproximación amistosa se produjo, siempre según el informe del Gobierno, en 2008, cuando Quiborax accede a retirar el arbitraje a cambio de que Bolivia pague el ya citado monto de $us 3.000.000. Como se dijo antes, esta iniciativa tampoco dio frutos.
Un cuarto periodo se da con la creación del Ministerio de Defensa Legal, a cargo de Arce, desde la segunda mitad de 2008. Tampoco se consiguió conciliar y vino el arbitraje. De hecho, una carta del 26 de febrero de 2009, firmada por Arce y dirigida a la Ciadi, muestra cómo se aceptó proseguir con el arbitraje al aceptar el cronograma propuesto para el proceso.
Pero Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk no siempre pidió tanto dinero a Bolivia. De hecho, en 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales y designó a Héctor Arce como titular, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009. O sea, 13 veces menos de lo que, una década después, se acordó pagar con recursos públicos.
Aquel proyecto de acuerdo quedó suspendido por el hallazgo que hizo el Gobierno de unas deudas impositivas del consorcio (Bs 9,1 millones, para julio de 2008) con el Estado. Así lo revela el informe MSC/DLRE/DGDAJ/I-054/2008, elaborado por los abogados Leny Érika Chávez Barrancos, Carmiña Llorenti Barrientos y Dante Justiniano Segales, en fecha 31 de diciembre de 2008, para el despacho de Óscar Cámara Amaya, entonces viceministro de Defensa Legal, dependiente del ministro Arce.
Es más, el procurador general actual admite dicha negociación y justifica los términos en los que quedó (ver la entrevista de la página A-4). Menacho, que hoy ocupa la cartera con la que Evo Morales reemplazó al viejo Ministerio de la Defensa Legal, insiste en que el verdadero responsable de que el país deba pagarle millones al consorcio minero es el expresidente Carlos de Mesa, debido a que su mandato vulneró normas y abrió paso a la sanción para el país con los decretos 27589, que revoca las concesiones de dicha firma en el salar de Uyuni, y 27590, con el que prohíbe la exportación de ulexita sin tratamiento o con tratamiento parcial, luego de acusarla de no reportar los volúmenes reales que exportó y de evadir impuestos.
La palabra del Gobierno
“El Estado boliviano es condenado ante el Ciadi porque el Gobierno del señor Mesa no cumplió con lo que establecía la Ley 2564”, remarcó el procurador a primera hora de la mañana, en una rueda de prensa que organizó tras llegar de Colombia sabiéndose aludido por el expresidente, quien insinuó que los funcionarios del Gobierno boliviano hicieron una pésima defensa en el arbitraje y criticó que se hubiese acordado el pago de $us 42,6 millones con un abogado que, además de representar a Quiborax, es asesor de Chile en La Haya.
Álvaro García Linera, ahora como presidente en ejercicio, también quiso referirse al caso Quiborax y al doble rol del abogado chileno que asesora a La Moneda en La Haya y que representa a la concesionaria minera del arbitraje. “Carlos Mesa saca esta información (la del doble rol del abogado chileno) como un señuelo para despistar de un tema central, que es el siguiente: qué bien que se haya recuperado el año 2004 estas áreas del salar de Uyuni, ¡qué bien! Es lo mínimo que se podía esperar. ¡Qué mal que se lo haya hecho de mala manera”, indicó él.
Eso sí, cuando se le consultó por una explicación respecto a cómo el Gobierno permitió que pasáramos de un preacuerdo que decía que Bolivia solo debía pagar $us 3.000.000 a un fallo adverso y a una negociación en la que aceptamos pagar $us 42,6 millones, García Linera simplemente no respondió. Tampoco respondió el hoy ministro de Justicia, Héctor Arce.
Un día antes, el expresidente había sugerido un crítica al pago acordado. “Llegamos al caso increíble de que el procurador general del Estado (Pablo Menacho) está dándole la mano y firmando una entrega de $us 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile en la demanda que Bolivia tiene contra Chile”, dijo el martes De Mesa, tras presentar un memorial a la Fiscalía General, mediante el que acusó a Quiborax de falsificar un acta para demandar a Bolivia.
Hace poco, el procurador llevó a la Fiscalía General una proposición acusatoria contra el expresidente para que se le active un juicio de responsabilidades por daño económico a raíz de esta causa que data de su mandato.
Ya para ayer, De Mesa prefirió ahorrarse los comentarios. Quien sí salió a responder a Menacho y a García Linera fue Carlos Alarcón, su abogado (ver la entrevista de la página A-4). Para él, el preacuerdo entre el Estado boliviano y Quiborax que se cita en el informe al que accedió EL DEBER es una prueba concreta de que el Gobierno aceptó el peor escenario para el país y que, por tanto, quienes en realidad han dañado la economía del Estado son los funcionarios que estuvieron a cargo del arbitraje y de las negociaciones.
De acercamientos amistosos
El informe del Ministerio de Defensa Legal antes citado contiene un relato pormenorizado del arbitraje, las negociaciones, los defectos legales que presenta la revocatoria de concesiones mineras que ordenó Carlos de Mesa en su mandato y de los presuntos delitos que cometió Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, entre el 23 de junio de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.
Dice, por ejemplo, que el 22 de julio de 2004, un mes después de la revocatoria de concesiones mineras ordenada por Carlos de Mesa, la empresa Non Metallics Mineral avisó al Gobierno boliviano que contaba con capital extranjero chileno y que, por esa razón, se acogería al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones firmado entre Bolivia y Chile en septiembre de 1994, durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, político y connotado empresario minero.
En ese entendido, solicitó el inicio del periodo de “consultas amistosas” entre las concesionarias mineras de ulexita que se sentían afectadas y el Estado, mismo que expiró el 22 de enero de 2005.
Como las consultas amistosas entre las partes no dieron pie a negociaciones con resultados, los privados presentaron al Ciadi su solicitud de arbitraje contra Bolivia el 4 de octubre de 2005, según cita el informe del Gobierno. Es decir, durante el periodo transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé.
En mayo de 2006, ya durante el primer mandato de Morales, el entonces canciller David Choquehuanca y los demandantes, representados por Jana, sostuvieron una segunda ronda de reuniones que causaron la suspensión parcial de acciones en el Ciadi. Pero los esfuerzos “por extinguir de forma amigable” la causa fracasaron.
La tercera aproximación amistosa se produjo, siempre según el informe del Gobierno, en 2008, cuando Quiborax accede a retirar el arbitraje a cambio de que Bolivia pague el ya citado monto de $us 3.000.000. Como se dijo antes, esta iniciativa tampoco dio frutos.
Un cuarto periodo se da con la creación del Ministerio de Defensa Legal, a cargo de Arce, desde la segunda mitad de 2008. Tampoco se consiguió conciliar y vino el arbitraje. De hecho, una carta del 26 de febrero de 2009, firmada por Arce y dirigida a la Ciadi, muestra cómo se aceptó proseguir con el arbitraje al aceptar el cronograma propuesto para el proceso.
Wednesday, June 13, 2018
Tuesday, June 12, 2018
Laudo de Quiborax se gestó con un acta falsificada, denuncia Mesa
El laudo arbitral que Bolivia perdió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI), por las concesiones revertidas a la empresa Quiborax en el Salar de Uyuni, se gestó a partir de un acta de constitución falsificada por David Moscoso, uno de los socios de esta empresa chilena, denunció hoy el expresidente Carlos Mesa.
La exautoridad y actual vocero de la demanda marítima explicó que Moscoso falsificó un acta de constitución del 11 de septiembre de 2001 por otra acta del 13 de septiembre de 2001, el cual, a la postre, fue usado para iniciar el laudo arbitral contra Bolivia ante el CIADI. Tal fraude, dijo Mesa, le valió a Moscoso un proceso penal por el cual fue condenado a dos años de cárcel, pero se sometió al perdón judicial.
“En realidad el motivo del juicio del laudo no es el decreto de Carlos Mesa, sino la falsificación de un acta de constitución de Quiborax que permite iniciar ese juicio, porque el mismo día que se produce el fallo contra David Moscoso, David Moscoso presenta el laudo arbitral contra Bolivia en este caso”, denunció Mesa.
En su blog personal, Mesa especificó que la sustitución de esa acta le permitió a Moscoso revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por Quiborax “con el fin de hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano”.
Expresó, además, su sorpresa porque el CIADI haya reconocido el laudo de Quiborax, pese a que éste se fundamentó en un documento falsificado. Además, observó que la defensa del Estado boliviano dejó pasar esta situación cuan si fuera “una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del arbitraje”.
Esta situación fue presentada por Mesa, a través de un memorial, ante la Fiscalía General del Estado con la finalidad de complementar un primer escrito a partir del cual busca que se rechace la proposición acusatoria que la Procuraduría presentó en su contra por la derrota en el laudo arbitral, que le significó al Estado el pago de 42,6 millones de dólares a favor de las demandantes Non Metallic Minerals-Quiborax.
La exautoridad y actual vocero de la demanda marítima explicó que Moscoso falsificó un acta de constitución del 11 de septiembre de 2001 por otra acta del 13 de septiembre de 2001, el cual, a la postre, fue usado para iniciar el laudo arbitral contra Bolivia ante el CIADI. Tal fraude, dijo Mesa, le valió a Moscoso un proceso penal por el cual fue condenado a dos años de cárcel, pero se sometió al perdón judicial.
“En realidad el motivo del juicio del laudo no es el decreto de Carlos Mesa, sino la falsificación de un acta de constitución de Quiborax que permite iniciar ese juicio, porque el mismo día que se produce el fallo contra David Moscoso, David Moscoso presenta el laudo arbitral contra Bolivia en este caso”, denunció Mesa.
En su blog personal, Mesa especificó que la sustitución de esa acta le permitió a Moscoso revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por Quiborax “con el fin de hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano”.
Expresó, además, su sorpresa porque el CIADI haya reconocido el laudo de Quiborax, pese a que éste se fundamentó en un documento falsificado. Además, observó que la defensa del Estado boliviano dejó pasar esta situación cuan si fuera “una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del arbitraje”.
Esta situación fue presentada por Mesa, a través de un memorial, ante la Fiscalía General del Estado con la finalidad de complementar un primer escrito a partir del cual busca que se rechace la proposición acusatoria que la Procuraduría presentó en su contra por la derrota en el laudo arbitral, que le significó al Estado el pago de 42,6 millones de dólares a favor de las demandantes Non Metallic Minerals-Quiborax.
Sunday, June 10, 2018
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